La causa en la que se investiga el crimen de Érika Antonella Álvarez tiene dos nuevos imputados. La Justicia decidió acusar a dos hombres, allegados a Felipe “El Militar” Sosa, de encubrimiento agravado. Sin embargo, en la audiencia que se realizó ayer surgieron nuevas aristas que permiten avizorar que el caso está lejos de esclarecerse. Los investigadores sospechan que hay más personas involucradas en las maniobras para borrar evidencias. También quedó al descubierto que no creen en la versión que dio una de las imputadas. Los nuevos acusados prometieron contar su verdad.

El fiscal Pedro Gallo continúa sumando indicios para fortalecer la teoría del caso. Según su hipótesis, Érika llegó a la casa de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100 (Yerba Buena), el miércoles 7 de enero pasadas las tres de la mañana en un Uber. Luego, le habría quitado la vida a golpes, según el informe de los médicos forenses. Posteriormente, con la ayuda de otros individuos, habría recibido colaboración para eliminar las evidencias y ocultar el cuerpo en una bolsa de residuos.

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Sosa ya fue imputado por homicidio. La ex pareja del acusado, Justina Gordillo, fue señalada por haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, haber ayudado a eliminar el celular de la víctima y haberlo asistido en la fuga. La situación de Jorge “Chicho” Díaz y de Nicolás Navarro Flores es más grave, ya que fueron acusados de encubrimiento agravado.

Sustentos

La auxiliar Carolina Brito Ledesma, siguiendo las instrucciones de Gallo, señaló que Díaz concurrió a la casa del “Militar” a bordo de una camioneta que tenía el logo de “Mundo Limpio” -una de las empresas del principal imputado- y luego se retiró varias horas después en el mismo vehículo con varias bolsas de residuos en la caja. Los investigadores sospechan que podría haber realizado tareas de limpieza en la escena del crimen. No se refirió a la sospecha de que habría sido el responsable de eliminar el celular, dato que fue aportado por Gordillo. “Esa versión carece de credibilidad”, indicó la representante del Ministerio Público.

LA VÍCTIMA. Érika Antonella Álvarez.

Sobre Navarro Flores, Brito Ledesma señaló que, después de haber recibido un llamado de Sosa, se presentó en el domicilio del acusado, donde permaneció varias horas. Creen que podría haber colaborado con la eliminación del cuerpo de Érika. “No tenemos pruebas indiciarias, sino evidencias técnicas”, fundamentó la auxiliar, que solicitó que se le dictara la prisión preventiva por tres meses.

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Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, se adhirió a todos los planteos del Ministerio Público. “Estamos ante un caso que tiene una doble gravedad. La primera de ellas tiene que ver con la crueldad y la violencia con la que fue asesinada Érika. Después, Sosa dejó en claro el gran despliegue que hizo para borrar las evidencias y asegurarse la impunidad. No se sabe qué pasó con su ropa ni con su celular, por solo citar un ejemplo”, señaló durante la audiencia.

Las defensas

Los defensores de los acusados cuestionaron duramente los procedimientos que se realizaron en contra de ambos. Juan Pablo Bello, que asiste a Díaz, señaló que en el acta policial consta que fue detenido en la calle. “En realidad ingresaron al interior de una vivienda que no figuraba en la orden de allanamiento”, fundamentó el profesional, que intentó en vano que se declarara nulo el procedimiento.

Patricio Char y Candelaria Hernández, representantes de Navarro Flores, denunciaron que las autoridades mintieron al sostener que fue detenido luego de una persecución. “Pareciera que en Tucumán hay una fábrica de riesgos procesales para justificar una prisión preventiva”, señaló el abogado, apreciación que luego fue criticada por la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci.

Los profesionales no se opusieron a la formulación de cargos, pero sí cuestionaron la investigación y los elementos que se utilizaron para sostener la acusación. “Hemos presentado como prueba un audio que le envió a Sosa en el que le pide que se presente en su casa a cortar el césped. Al mismo tiempo, el Ministerio Público justifica el pedido de detención con la declaración de Gordillo, pero después dice que no es creíble”, fundamentó Bello.

Por su parte, Char agregó: “por toda la información que se presentó en esta audiencia, Navarro Flores estuvo con el acusado durante 10 minutos. ¿Qué maniobras para ocultar el cuerpo puede haber realizado en ese tiempo? Además, la acusación sostiene que el cadáver fue trasladado en una camioneta, pero no se identificó al conductor”.

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Los defensores también se opusieron a que se dictara la prisión preventiva argumentando que no existían los riesgos procesales invocados por el Ministerio Público y respaldados por la querella. Solicitaron que se los deje en libertad o, en su defecto, que se les permita cumplir la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario. Char solicitó además que se tuvieran en cuenta los problemas de salud de su defendido, que es insulinodependiente.

La resolución

Apás Pérez de Nucci rechazó los planteos realizados por las defensas sobre la manera en que fueron detenidos los acusados, pero sí le pidió a la fiscalía que analizara las denuncias expresadas por la defensa. “Las evidencias dadas a conocer en esta audiencia son suficientes para sostener la acusación”, sostuvo la magistrada. También les dictó la prisión preventiva por tres meses a los dos acusados, aunque recomendó que se cuidara la salud de Navarro Flores.

Los defensores de los imputados prefirieron no declarar durante el debate, pero adelantaron que lo harán ante el fiscal Gallo, tal como lo hizo Gordillo. Ambos prometieron contar su verdad sobre lo que sucedió con Érika.